SD. En un clamor generalizado se convirtió ayer la petición de representantes de organismos internacionales y nacionales y de instituciones públicas, que participaron en unas vistas públicas celebradas por el Senado, de que en ese hemiciclo no...
SD. En un clamor generalizado se convirtió ayer la petición de representantes de organismos internacionales y nacionales y de instituciones públicas, que participaron en unas vistas públicas celebradas por el Senado, de que en ese hemiciclo no aprueben el proyecto de Ley que modifica el Código del Menor como fue aprobado en la Cámara de Diputados.
Para la actividad se registraron 51 representantes de Organizaciones No gubernamentales, entidades internacionales, representantes de las iglesias católica y evangélica, que externaron sus criterios ante los miembros de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado.
Las vistas públicas iniciaron pasadas las 10:00 a.m., en el Salón de la Asamblea Nacional y culminó cerca de las 2 de la tarde.
María de Jesús Conde, del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Unicef), afirmó que el proyecto de Ley No. 136-03 es incongruente y contrario a la Constitución y los tratados internacionales de Derechos Humanos que el país ha ratificado. Cree que la extensión de la privación de la libertad como medida cautelar no contribuye a la disminución de la delincuencia sino que por el contrario existe el riesgo de que de-socialización y desarraigo.
Coincide con Ernesto Díaz, de la Coalición ONG por la Infancia, que representa a 32 organizaciones de la sociedad civil, quien advirtió que el país podría ser pasible de demandas. Criticó que el Estado gaste tres veces más en privar de libertad a una persona que en educarla.
Rechazó que se pretenda implementar la prueba ósea para confirmar si la persona es menor de edad, debido a que no ha sido exitosa en otros países y podrían en peligro las libertades públicas.
En tanto que Servio Tulio Castaños Guzmán, de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), consideró que la iniciativa legal constituye una agresión y un acto de crueldad. Cree que aprobar esa pieza legislativa sería un atentado al Sistema de protección a los jóvenes.
Los planteamientos anteriores coinciden con los de la psicóloga Ángela Caba, del Colegio Dominicanos de Psicólogos (Codopsi), quien entiende que en vez de endurecer las penas se debe impulsar una profilaxis en las familias y garantizar el acceso a la educación de los jóvenes.
Los representantes religiosos no se quedaron atrás y Josefina Peña, de la Pastoral Juvenil Católica, favoreció que todos los sectores se reúnan para crear medidas preventivas. Abogó porque se revisen las ONGs que reciben fondos y no hacen nada, y propuso que la Ley sea aplicada y que el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) cumpla con su rol.
El presidente de la comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado, Francis Vargas, aseguró que harán lo que más le convenga a la República Dominicana y que no obedecen a compromisos.
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